DIARIO.COM.MX
El Congreso del Estado aprobó ayer por mayoría, con el voto de panistas en contra, aplazar hasta agosto del siguiente año la entrada en vigor de la Ley contra el Narcomenudeo. La fracción de Acción Nacional acusó que es una determinación anticonstitucional y que serían objeto de una sanción por parte de la SCJN.
El coordinador de los diputados del PAN, Héctor Ortiz Orpinel, señaló que desde el año pasado las autoridades locales tienen la atribución de combatir el narcomenudeo. Explicaron que existe el riesgo de que los narcomenudistas operen impunemente y que ni instancias federales ni locales los puedan juzgar.
Atribuyó sus declaraciones a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dada el pasado 30 de junio de este año. Dijo que las atribuciones les fueron conferidas a las autoridades de todos los estados desde el 21 de agosto del 2010.
Por su parte, los diputados del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Domínguez y Jorge Ramírez, aseguraron que el PAN intenta confundir a los ciudadanos, pues explicaron que la Ley General de Salud otorgaría las atribuciones de combatir el narcomenudeo a los Ayuntamientos y Estado hasta que estuviesen hechas las adecuaciones necesarias.
El legislador Ramírez enfatizó que existe una necesidad clara de un mayor número de recursos, argumento utilizado en el dictamen aprobado.
“No se puede combatir sin equipo, sin capacitación, sin armamento, sin los centros de rehabilitación necesarios. Si un juez federal determina que una persona detenida debe ir a un centro de rehabilitación, ¿a cuál lo van a mandar?, si no hay”, argumentó por su parte Domínguez.
“Hacen una interpretación parcial, mañosa y llanera de la ley. Deberían volver a la Facultad de Derecho”, expresó el diputado, quien garantizó que los jueces federales son aún los encargados de juzgar a aquellos detenidos que estén en las características del narcomenudeo.
La Federación combate 180 mil delitos aproximadamente por año, de los cuales 125 mil son contra la salud. Eso es combatido con 170 mil millones de pesos. Al pasar la atribución a los Estados, cada entidad combatiría 50 mil delitos pero con sólo el 2 por ciento del presupuesto federal, argumentó Domínguez.
No hay comentarios:
Publicar un comentario